El próximo sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias. ¿Qué ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo? Hay comunidades, como la valenciana, que han prohibido expresamente a los objetores atender a los irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
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